Una condena penal, ya veces incluso un simple arresto, puede tener un impacto significativo en el estatus legal de un no ciudadano.  Como resultado, en 2010, la Corte Suprema de EE. UU. sostuvo que los abogados de los acusados penales que no son ciudadanos deben asesorar a sus clientes sobre las posibles consecuencias migratorias de sus cargos.  A la luz de esta decisión, y en cumplimiento del compromiso de defensa tenaz y centrada en el cliente, la Oficina del Defensor Público estableció una División de Inmigración en 2012.

La División de Inmigración brinda a los defensores públicos capacitación sobre las leyes de inmigración pertinentes y consultas sobre casos que involucran a clientes que no son ciudadanos.  Bajo la guía de expertos inmigrantes internos, más de 60 defensores públicos de todo el estado actúan como enlaces de inmigración,  tanto para representar mejor a sus clientes como para ayudar a sus colegas a acceder a consejos de inmigración oportunos y precisos para los clientes de OPD.   

La División de Inmigración también dirige la Colaboración de Derecho Penal/Inmigración, una red de abogados defensores penales y de inmigración en Maryland, el Distrito de Columbia y Virginia que analizan las tendencias recientes en la ley de inmigración y elaboran estrategias sobre la aplicación de la ley de inmigración en el área del DMV.