En enero de 2007, el Defensor Público creó la División de Protección Juvenil para servir como una división estatal especializada para monitorear las condiciones de confinamiento de todos los clientes menores de OPD comprometidos con el cuidado y custodia del Departamento de Servicios Juveniles (DJS).  

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El JPD también es responsable de proteger los derechos individuales de los menores internados en las instalaciones del DJS, garantizando la seguridad y adecuación de sus ubicaciones y asegurando la implementación oportuna de las órdenes de los tribunales de menores.  

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El JPD está compuesto por tres abogados, un trabajador social y un asistente legal, que trabajan en colaboración con los abogados litigantes que representan a los menores individuales para garantizar que las órdenes de reclusión de esos clientes se cumplan en su totalidad y garantizar la salud y la seguridad de los menores mientras detenido.  

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